Artículo del Sr. Smith
El economista jefe de FUNCAS, Ángel Laborda, concedía la semana pasada en Expansión una interesante entrevista cuyo titular más llamativo es el que anuncia el riesgo de quiebra del estado Español si el ICO concede créditos directos. Quizás la opinión del señor Laborda es algo interesada, al ser juez y parte en el mercado financiero español, pero no le falta razón en su miedo a los males que podría acarrear que un organismo público intervenga en el mercado bancario, no ya regulando como hace (o debería hacer) el Banco de España, sino realizando una competencia desleal a los agentes existentes.
La concesión de créditos por parte de entidades privadas garantiza un mínimo de eficacia y provoca, a la larga, que los recursos se empleen eficientemente. Una entidad privada, tal y como ya señalaba Henry Hazlitt a mediados del siglo pasado en su obra La economía en una lección, se preocupará de prestar sus fondos a acreedores solventes que cuenten con una alta probabilidad de poder devolver los capitales prestados. Y aunque la burbuja inmobiliaria, provocada por los bajos tipos de interés de la primera década del siglo, haya convertido las exigencias de solvencia de las entidades de crédito en algo más laxas de lo deseable, el sector privado nunca concede créditos por motivos políticos sino simplemente guiados por una búsqueda de rentabilidad que optimiza los recursos financieros de la sociedad.
Todas estas ventajas desaparecen cuando los créditos son concedidos por la banca pública. Al recaer la decisión sobre si conceder o no un crédito sobre un funcionario cuyos objetivos no son de rentabilidad sino políticos, no se garantiza que el crédito sea devuelto, y los recursos financieros de la sociedad pueden empezar a malgastarse. Esto que digo no es ciencia ficción, y en Estados Unidos lo saben muy bien. En el país Norteamericano, puesto como ejemplo comúnmente de sistema capitalista, ultraliberal y antisolidario, crearon dos gigantes financieros semipúblicos; los tristemente famosos Freddie Mac y Fannie Mae, eran instituciones encargadas de facilitar liquidez para hipotecas a familias de bajos recursos. En una vil concepción de entidad bancaria, Freddie Mac y Fannie Mae prestaban dinero a particulares repartiendo sus beneficios entre los accionistas, pero con un envenenado privilegio. Las hipotecas concedidas por Freddie Mac y Fannie Mae estaban implícitamente garantizadas por el Estado. Es decir, si los créditos no eran devueltos, la parte estatal correría con las pérdidas. Así, sin ningún tipo de cortapisas ambas entidades se lanzaron a comprar títulos hipotecarios hasta llegar o poseer o garantizar el 50% del mercado estadounidense. Estas entidades, que no pueden definirse como banca pública pero se acercan, favorecieron e intensificaron la burbuja inmobiliaria americana. Con este sistema, se consigue que los beneficios se los queden los accionistas de los bancos, y sin embargo, cuando hay pérdidas las respalda el conjunto de la sociedad. No se incentivan las buenas inversiones. No se ponen reparos a las malas inversiones. Sí fluye, el crédito para que se realicen inversiones, pero no existen barreras a las malas inversiones que son las que terminan provocando las crisis.
Imaginen un banco que prestase dinero sin importarle si el deudor lo rembolsará. Se lo prestaría a cualquiera, aunque ese préstamo estuviese destinado a ser vilipendiado en juergas y fiestas. Pues bien, algo parecido puede pasar si quien concede los préstamos no se juega su propio capital en ello sino lo de los contribuyentes.
La crisis actual, provocada por una ola de malas inversiones en inmuebles, ha contado con el catalizador de los bancos centrales, que creaban dinero barato para que las entidades bancarias pudieran conceder créditos a mansalva. Este exceso de créditos ha sido, a la larga, contraproducente. La economía se emborrachó de crédito, por lo que ahora, irremediablemente, toca un periodo de abstinencia. ¿Qué sentido tiene crear una banca pública que vuelva a drenar crédito, cuando el problema es que se ha prestado más de lo había ahorrado? Si el problema de la primera década del siglo XXI fue que se prestó dinero indiscriminadamente, ¿porqué continuar con ese error?
Y además, lo presta sin ningún criterio de rentabilidad. O lo que es lo mismo, se presta el dinero sin importar si será devuelto o no. El estado juega con el dinero de los contribuyentes y, como ocurre siempre, el capital que un contribuyente no está dispuesto a prestar a otro cuando está en su bolsillo, una vez que ha pasado a formar parte de las arcas públicas es prestado sin ningún tipo de inconveniente.
